La
Plaza de Bolívar de Bogotá –es un lugar común decirlo– es el corazón de la
nación, el epicentro de la historia
patria y el lugar donde se reúnen todos los poderes públicos. Y pasa por malos tiempos, como tantas cosas en
la ciudad.
Lo
que está ocurriendo con esa plaza mayor tiene un enorme simbolismo, con un
alcalde colgando de incisos, tutelas y fallos, que ha utilizado este pedazo del
espacio público para las protestas con las que intenta aferrarse a una
administración que poco tiene que mostrar en dos años.
Así recordamos la Plaza de Bolívar y así debe volver a ser |
No es solo un sitio donde coinciden muestras del patrimonio histórico, ni tampoco una terraza que pudieran utilizar a su antojo los vecinos, entre ellos los magistrados, los parlamentarios, el obispo o el propio alcalde.
Pero
es precisamente lo que ha hecho –si es que ha hecho algo– el actual alcalde.
La
Plaza de Bolívar siempre fue un escenario para medir fuerzas. Gaitán, por
ejemplo, solía llenarla para hablar desde los desaparecidos balcones del
costado norte. En décadas recientes, este lugar de la historia fue el preferido
para manifestaciones, huelgas y cierres de campaña, amén de serlo por norma para sepelios y posesiones presidenciales.
Así lucía la plaza hasta hace pocos años |
Hace
algunos meses el cuadrante que nos ocupa comenzó a ser escenario de conciertos
con tarimas y potentes equipos de amplificación, de arengas del alcalde sobre
temas políticos y todo tipo de protestas, incluyendo las de zorreros con todo y
equinos, para molestia de los trabajadores de la zona.
Sin palabras |
Pero lo peor llegaría con el polémico fallo de destitución del alcalde, que en su afán por no caerse, se ha valido de bogotanos humildes y los utiliza como salvavidas, permitiéndoles convertir la plaza en albergue.
Ahora
la plaza de Bolívar y la estatua de Pietro Tenerani, con su zócalo de piedra
bogotana, están en deplorable estado. Lo que antes merecía reverencia, está
lleno de tiendas de campaña. Y los nuevos moradores no tienen inconveniente en
encender hogueras, cercar el área e incluso enrarecer el ambiente con el humo
de la marihuana.
Es
lo que vulgarmente llaman un cambuche. Y no queremos aludir al pasado
guerrillero de los funcionarios de la alcaldía. Simplemente se trata de
respetar el espacio de todos, invadido de manera vergonzosa y en rápido proceso
de deterioro.
Por
si fuera poco, la figura de bronce hecha por el italiano ha sido humillada con
ponchos y banderas, y su zócalo está convertido en letrina y burda pizarra.
La
situación amerita entablar acciones populares para la restitución del espacio público,
hablando en términos jurídicos, si bien no se trata de bombardear de tutela o
de promover burdas tutelatones, como
se ha visto precisamente en este caso.
La
Constitución se refiere al espacio público en estos términos: “Los bienes de
uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos,
las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás
bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables". (1)
La
misma Carta determina que “es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular”. (2) Y añade que “el territorio, con los
bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación". (3)
Entretanto,
la Ley 9 de 1989 define el concepto de espacio público. “Entiéndese por espacio
público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden,
por tanto, los límites e los intereses individuales de los habitantes”.
"Así,
constituyen en espacio público de la ciudad las áreas para la circulación,
tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública (...) para
la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos,
culturales, religiosos, recreativos y artísticos". (4)
De
acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “en principio, el uso del espacio
público, en tanto derecho constitucional de carácter colectivo, solamente puede
protegerse por vía de acciones populares y no en ejercicio de la acción de
tutela, ya que ésta fue establecida por el Constituyente como medio excepcional
de defensa de los derechos fundamentales de las personas”.
La sentencia T-530-97 de la Corte Constitucional señaló que no es procedente la tutela para para proteger el derecho al espacio público como derecho fundamental. Con todo, la forma en que se utilice el espacio público, en cambio, puede incidir en la violación de un derecho constitucional fundamental, y allí si cabe la tutela. (5)
Así
las cosas, la Plaza de Bolívar constituye un bien público y es deber del Estado
velar por su protección.
No
le podemos pedir al alcalde, así viva en la luna, que se ocupe del espacio, es decir, del
espacio público. Ese espacio que había sido recuperado con grandes esfuerzos por
sus antecesores, pero que él se encargó de entregar a todo el que quiera
invadirlo.
Pero
es urgente que alguien –puede ser el Ministerio de Cultura y no cualquier leguleyo
como los que tienen a la ciudad en ascuas– tome la iniciativa y entable la
acción contra la Alcaldía de Bogotá, para que la justicia haga respetar el
espacio, los bienes y el patrimonio
público.
A
riesgo de que se diga que los demandantes o quienes escribimos en defensa de la
ciudad pertenecemos a la mafia de la contratación, por supuesto.
(2) Ibídem, art. 82.
(3) Ibídem, art 102.
(4) Ley 9 de 1989, art. 5º.
(5) http://www.defensoria.org.co/?_es=0&_s=ojc&_palabra=exequible&_a=17&_q=4