Algo se ha hecho para que los ciudadanos disfruten de la ciudad, con la conversión de vías en calles peatonales. Y un hito dentro de esa labor fue la creación del llamado Eje Ambiental, diseñado por el fallecido arquitecto Rogelio Salmona sobre la avenida Jiménez de Quesada, que a su vez nació en los años 30 sobre lo que fueran las aguas del río San Francisco o Vicachá, canalizado y cubierto de asfalto.
Y esa zona, donde abundan edificios de varios estilos y tamaños, construcciones de formas sinuosas que bordean la avenida por lo que antes era el recorrido del río, se convirtió en los últimos diez años en una auténtica postal de la Bogotá de comienzos del milenio, como lo fue hace 60 o 70 años.
Pero poco tiempo duró el interesante experimento que nos dejó la alcaldía de Enrique Peñalosa, desde el barrio de Las Aguas hasta la carrera Décima, y que en estos años de desgreño, abandono e inmoralidad administrativa que sufre la capital colombiana, ya no tiene corrientes de agua, sino agua estancada, sirve de basurero y sus pisos y zócalos empiezan a exhibir señales de deterioro.
Taxis fantasmas y choferes oficiales díscolos o abusivos circulan sin ningún empacho por el Eje Ambiental de medianoche o madrugada, pues dentro de la frescura de su mentalidad prima la idea de que nadie circula a esa hora, cuando nadie me ve, como dice la canción de Alejandro Sanz.
Y de día, nuestros queridos amigos, los habitantes de la calle, retan a los buses articulados cual toreros. No viene al caso hablar de los accidentes que pueden sufrir ellos mismos en una embestida o el vehículo cargado y sus pasajeros en un frenazo causado por un chiste.
Por si fuera poco, varios residentes estatales de la Jiménez se han tomado el Eje Ambiental como una especie de propiedad privada. Es el caso de los ministerios de Agricultura y de Justicia. El primero ocupa el viejo edificio Pedro A. López a la altura de la carrera Octava y
resolvió utilizar los andenes como estacionamiento. Es decir, el poco espacio que dejan libre los miles de esmeralderos que se agolpan metros arriba, frente al edificio Henri Faux, o los vendedores estacionarios.
Las imágenes que acompañan esta publicación muestran cómo los vehículos del ministro, los viceministros y los visitantes utilizan como parqueo uno de los carriles.
Cabe recordar que por allí suben hacia el oriente los buses articulados de Transmilenio.
Y el personal de escolta asignado al Ministerio tiene hay desfachatez de obligar a los transeúntes a retirarse para que circule por el andén una camioneta Nissan Pathfinder en la que llega el ministro.
Algo parecido ocurre 100 metros más abajo, cuando llega un personaje al Ministerio de justicia, como se aprecia en la imagen.
En ambos casos la situación se origina porque los ministerios citados carecen de estacionamiento o de instalaciones adecuadas para el funcionamiento de una entidad de esas categorías en pleno año 2012. ¿Falta de previsión? ¿Afán de mudanza? ¿Crecimiento estatal acelerado?
Pero también en ambos casos el público no tiene la culpa ni tiene por qué compartir las aceras con los vehículos invasores.
El Decreto 1504 de 1998, que reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial, señala que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.
La norma indica que el espacio público comprende, entre otros aspectos, los bienes de uso público, o sea aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo.
Y cita entre los elementos constitutivos de ese espacio público “las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular”, que son, entre otras, las zonas de mobiliario urbano, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardinales, cunetas y ciclovías.
El artículo 28 del referido decreto dispone que “la ocupación en forma permanente de los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, el encerramiento sin la debida autorización de las autoridades municipales (…) y la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones dará lugar a la imposición de las sanciones urbanísticas que señala el artículo 104 de la Ley 388 de 1997”.
Corresponde a expertos establecer si la ocupación del espacio por parte de los vehículos oficiales constituye violación del espacio público desde el punto de vista legal. En la práctica no hay discusión de que lo es.
Lo cierto es que para el peatón, para el ciudadano de a pie, literalmente, se habían logrado conquistas en materia de espacio público. Y éstas pueden perderse por la arbitrariedad de dos o tres guardaespaldas. Porque estamos seguros de que todo un señor, como el que ocupa esa cartera, sería incapaz de patrocinar esos abusos.
